En el actual escenario normativo chileno, el ejercicio de la potestad fiscalizadora y sancionadora de la Dirección del Trabajo (DT) ha incrementado su rigurosidad. Para el empresariado, esto implica que la imposición de una multa no es solo un detrimento patrimonial, sino un indicativo de riesgo legal que requiere una defensa técnica, fundada en el debido proceso y la correcta interpretación de la legislación laboral vigente.
En Aguayo Velásquez Abogados, comprendemos que la defensa corporativa requiere un estándar superior. Brindamos asesoría letrada especializada en litigación compleja en Punta Arenas, Porvenir y Valdivia, diseñada para cautelar sus intereses ante sanciones administrativas que adolezcan de vicios de ilegalidad o falta de razonabilidad.
Frente a la notificación de una resolución de multa, el ordenamiento jurídico chileno, amparado en el Código del Trabajo y los principios del Derecho Administrativo Sancionador, otorga al empleador herramientas concretas para desvirtuar la sanción. La elección de la vía idónea dependerá de la naturaleza de la infracción y de la estrategia procesal diseñada por su equipo jurídico.
Existen dos vías principales de impugnación, las cuales poseen plazos fatales que deben ser rigurosamente observados:
Es la vía más robusta y técnica. Se interpone ante el Juzgado de Letras del Trabajo competente, conforme al artículo 503 del Código del Trabajo.
Regulada en el artículo 512 del Código del Trabajo, esta solicitud se presenta ante el propio Director del Trabajo (Regional o Nacional según el monto).
El artículo 506 ter del Código del Trabajo establece un mecanismo de incentivo al cumplimiento para las Micro y Pequeñas Empresas. Si la infracción detectada no reviste gravedad extrema (no pone en riesgo la vida o salud de los trabajadores), es posible solicitar la sustitución de la sanción pecuniaria por un programa de asistencia al cumplimiento.
El Inspector del Trabajo podrá otorgar un plazo (generalmente 5 días hábiles) para subsanar la falta. De acreditarse la corrección, la multa cursada queda sin efecto, priorizando así la regularización normativa por sobre la recaudación fiscal.
La labor fiscalizadora de la Inspección del Trabajo debe someterse estrictamente al Principio de Legalidad. Durante una inspección, los funcionarios actúan como ministros de fe, constatando hechos. Sin embargo, su apreciación no es absoluta ni infalible.
Es posible impugnar una multa cuando el fiscalizador:
No todas las multas son procedentes ni proporcionales. Defenderse no es solo un derecho, es una necesidad para mantener la salud financiera y reputacional de su empresa. En Aguayo Velásquez, combinamos la excelencia académica con una práctica litigiosa agresiva para asegurar que sus derechos sean respetados ante la Administración y los Tribunales de Justicia.
En Aguayo Velásquez analizamos su caso con rigor técnico y visión estratégica. Contáctenos para una evaluación inicial o agende una reunión con nuestros especialistas.
No hay productos en el carrito.