Una investigación por drogas puede comenzar con una detención, una entrada y registro, una incautación, una citación o una formalización. La defensa requiere revisar no solo la cantidad de sustancia, sino también las circunstancias de hallazgo, la conducta atribuida, la evidencia disponible y la calificación jurídica que sostiene el Ministerio Público.
← Ver defensa penal en Punta ArenasLa Ley 20.000 contempla figuras distintas y la calificación depende de la conducta atribuida, la cantidad y naturaleza de la sustancia y, especialmente, del contexto en que fue poseída, transportada, guardada, adquirida, suministrada o encontrada.
La ley utiliza un concepto amplio de tráfico e incluye, sin autorización, conductas como importar, exportar, transportar, adquirir, transferir, sustraer, poseer, suministrar, guardar o portar sustancias comprendidas por la normativa.
El artículo 4 regula determinadas conductas respecto de pequeñas cantidades, salvo las hipótesis de tratamiento médico o uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo que sean jurídicamente procedentes.
La propia ley ordena atender a circunstancias que puedan ser indicativas de propósito de traficar. Por eso una defensa seria no debería reducir el análisis a una cifra aislada.
La investigación contempla análisis oficial de la sustancia incautada, incluyendo identificación, peso o cantidad, naturaleza, contenido, composición y antecedentes sobre toxicidad y peligrosidad.
Cambio legal de 2026: desde el 23 de mayo de 2026 la Ley 20.000 contempla una regla especial para pequeñas cantidades de determinadas sustancias capaces de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. Su aplicación se vincula a la calificación reglamentaria prevista por la propia reforma, por lo que la sustancia concreta y la normativa vigente al momento de los hechos deben revisarse cuidadosamente.
En causas de Ley 20.000, los antecedentes relevantes suelen estar distribuidos entre el procedimiento policial, las actas de incautación, declaraciones, registros, pericias y la posterior carpeta investigativa. El análisis debe hacerse de manera conjunta.
Revisar las circunstancias de detención, controles, entradas y registros, incautaciones y demás actuaciones que expliquen el origen de los antecedentes que utiliza Fiscalía.
La sola ubicación física de una especie no agota necesariamente la discusión. Puede ser necesario analizar dominio, posesión, conocimiento, control del lugar y participación atribuida.
Identificación, cantidad, naturaleza, composición y documentación de análisis forman parte de la evaluación probatoria y pueden tener relevancia para la calificación jurídica.
Mensajes, dinero, dosificación, elementos asociados, movimientos, declaraciones y otros antecedentes deben examinarse en su contexto y no de forma aislada.
En las primeras horas pueden discutirse la detención, la formalización y medidas cautelares. Durante la investigación se incorporan informes, pericias, declaraciones, análisis de dispositivos y otras diligencias. Más adelante debe evaluarse la suficiencia de la prueba, la calificación jurídica y la estrategia para la salida o juicio que corresponda.
La prisión preventiva puede ser solicitada en este tipo de causas, pero no opera automáticamente por tratarse de una imputación vinculada a drogas. La procedencia de cualquier cautelar debe discutirse conforme a los presupuestos legales y antecedentes concretos.
Cuando el asunto no es una urgencia inmediata, la atención comienza con una entrevista preliminar destinada a comprender la causa, revisar la etapa procesal y delimitar el encargo antes de entregar un presupuesto.
La defensa debe determinar qué conducta concreta atribuye Fiscalía y qué antecedentes pretende utilizar para demostrarla. La existencia de una sustancia incautada es solo una parte del análisis.
En determinados supuestos el artículo 4 contempla la posibilidad de justificar que pequeñas cantidades estaban destinadas a tratamiento médico o a uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, sujeto a la evaluación de las circunstancias previstas por la ley.
Por ello, la estrategia debe construirse sobre los antecedentes efectivos de la causa y no sobre reglas informales o tablas de gramos que no sustituyen el examen jurídico.
La intervención puede comenzar en las primeras diligencias y extenderse, según el encargo y desarrollo del caso, a la investigación, discusión cautelar, preparación de juicio y juicio oral.
Revisión del procedimiento, comunicación de cargos, hechos atribuidos, participación y solicitudes iniciales del Ministerio Público.
Preparación y discusión de medidas cautelares, incluyendo prisión preventiva cuando sea solicitada y las alternativas legalmente pertinentes.
Análisis de antecedentes policiales, registros, pericias químicas, declaraciones y demás evidencia reunida durante la investigación.
Evaluación de la evidencia y de las alternativas procesales disponibles, siempre atendiendo a la exposición penal y a los intereses concretos del representado.
Abogado · Socio fundador · Aguayo Velásquez Abogados
El Área Penal es dirigida por Víctor Velásquez Nieto, con práctica enfocada en defensa y litigación penal y experiencia previa en la Fiscalía Local de Tierra del Fuego como abogado asistente y fiscal subrogante.
Las causas vinculadas a Ley 20.000 requieren distinguir cuidadosamente la conducta imputada, la evidencia material y digital, la calificación jurídica y los efectos que cada decisión procesal puede producir en las etapas posteriores.
Ver perfil profesional completo →Estas respuestas son generales. La calificación de una causa depende de la sustancia, las circunstancias del procedimiento, la conducta atribuida, la evidencia y la etapa procesal.
La Ley 20.000 regula el tráfico en su artículo 3 y determinadas conductas respecto de pequeñas cantidades en el artículo 4. La diferencia no puede determinarse de manera seria solo a partir de un número de gramos: deben revisarse la sustancia, la conducta y las circunstancias del caso.
No existe una regla general que permita resolver todos los casos usando únicamente una cantidad. La ley exige atender a si la sustancia puede racionalmente vincularse a uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo y a las circunstancias que puedan indicar propósito de traficar.
Sí. Fiscalía puede formalizar una investigación y solicitar medidas cautelares, incluida prisión preventiva. Su procedencia debe discutirse conforme a los requisitos del Código Procesal Penal y a los antecedentes específicos de la causa.
La Ley 20.000 contempla su entrega al organismo de salud correspondiente, separación de una muestra técnicamente suficiente, análisis y posterior destrucción bajo las reglas legales, conservándose una muestra para eventuales nuevos análisis durante el plazo previsto por la ley.
Sí. La defensa puede necesitar revisar las circunstancias del procedimiento que originó la evidencia, además de la relación entre las especies incautadas y la persona imputada. La relevancia jurídica dependerá de los hechos concretos.
La Ley 21.817, publicada el 23 de mayo de 2026, incorporó nuevas reglas para determinadas sustancias capaces de causar graves efectos tóxicos aun en pequeñas cantidades, agregó nuevas circunstancias agravantes y modificó aspectos del informe de análisis químico. La aplicación concreta debe revisarse junto con la reglamentación vigente.
Sí. Aguayo Velásquez Abogados tiene base en Punta Arenas y puede evaluar defensas y comparecencias en Puerto Natales y Porvenir, según la naturaleza de la causa, audiencia y disponibilidad.
Salvo urgencias inmediatas, se realiza primero una entrevista preliminar para conocer la etapa procesal, antecedentes disponibles y alcance del trabajo requerido. A partir de ello se entrega el presupuesto correspondiente.
Indica la etapa de la causa, si hubo detención, qué audiencia está próxima y qué antecedentes tienes disponibles. En asuntos programables se realiza una entrevista preliminar para delimitar el encargo y entregar el presupuesto correspondiente.
